Ayer 1 de febrero de 2018 entraba en vigor en España el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía, más de dos años después de haberse aprobado su aplicación; un convenio que prohíbe entre otras prácticas cortar las orejas o el rabo a un animal con fines estéticos.
El 25 de septiembre de 2015 el Gobierno de España aprobaba su incorporación al Convenio Europeo para la Protección de Animales de Compañía en el que se recogía, entre otras medidas, la prohibición de todas las intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo para modificar la apariencia de los animales o conseguir un objetivo que no fuera curativo, tales como cortar la cola y las orejas, seccionar las cuerdas vocales y extirpar las garras y los dientes.
Tras varios meses de absurdo debate promovido por algunos políticos que defendían la práctica de cortar la cola para que los perros no se golpearan por el llamado ‘efecto látigo’ o porque durante la caza podían enredarse entre los matorrales, finalmente no se incluirán excepciones en el Convenio.
En Otcvet resumían en octubre de 2015 qué supone para España y en concreto para los propietarios de perros o gatos la nueva legislación y cuyo contenido íntegro puedes consultar en Derecho Proanimal.
Recordemos que hasta hace dos días, algunas comunidades autónomas autorizaban estás prácticas; de ahí que, tal y como recoge El País, algunos propietarios se trasladaran a otras comunidades para practicar esta cirugía:
Cortar las orejas (otodectomía) y el rabo (caudectomía) a determinadas razas de perros es común en el mundo de la caza, práctica que se ha extendido. Desde 2003, la Ley Andaluza de Protección de los Animales califica de infracción muy grave las mutilaciones ‘con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, salvo las practicadas por veterinarios’. Esta es la razón por la que muchos cazadores onubenses viajan a clínicas veterinarias en Extremadura para realizar estas operaciones a sus animales y evitar así la legislación andaluza.
Ahora todas las legislaciones locales, autonómicas o estatales tendrán que adaptarse al Convenio Europeo y los infractores podrán ser llevados a los tribunales como en la operación ‘Ears’, en 2016, en la que fueron detenidos seis veterinarios y 26 cazadores en Huelva por practicar mutilaciones a animales, sin ser necesarias por salud.
Vía: El País, La Vanguardia
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